ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Durante el gobierno de transición democrática 2000/2001
se llevó cabo una extensión contractual hasta agosto del 2015 por el lote 1-AB,
a favor del nuevo operador Pluspetrol que negoció con la OXY la transferencia
de dicho contrato. Éste debía caducar en agosto del 2007 en razón de la
renegociación alcanzada durante el primer gobierno del presidente Alan García
(22 de marzo de 1986)
Si se hubiese respetado el término del contrato pactado
con la OXY sujeto a las normas del Decreto Ley Nº 22774, Bases para los contratos
petroleros, según lo estipulado en el numeral 6.9 “Al término del Contrato o a
su rescisión, las instalaciones fijas, campamentos, instalaciones de energía y
comunicaciones, pasarán a título gratuito a ser propiedad de PETROPERÚ en
condiciones operativas”.
Es más, el artículo 6.10 normaba que: “... En todos los
casos, al término del plazo que se pacte en el Contrato si fuera antes,
PETROPERÜ adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de oleoductos,
gasoductos y facilidades conexas, libre de todo pago”.
Es importante recordar los alcances y naturaleza de la
antigua ley de hidrocarburos que regía la renegociación que se hizó en 1986,
pues cuando en el 2001 se extendió la vigencia del contrato con un nuevo
operador Pluspetrol por quince años, el organismo promotor y supervisor de los
contratos, debió valorizar debidamente los activos que en agosto del 2007 debían
ser transferidos al Estado, es decir a PetroPerú a título gratuito. ¿Qué se
hizo al respecto?
Sería interesante que algún congresista de la República
interrogue a los actuales directivos de PerúPetro si existe algún estudio sobre
el valor de los activos que el Estado dejaba de percibir con la nueva extensión
contractual por quince años, y si Pluspetrol pagó alguna suma por dichos
activos en la renegociación con el agravante que se cambió la naturaleza del contrato
de servicios donde los hidrocarburos eran propiedad del Estado, a una de
licencia según la nueva ley de hidrocraburos Nº 26221 vigente a partir de
agosto de 1993.
El tema es relevante ahora que Pluspetrol, una empresa
seriamente cuestionada por la opinión pública, las ONGs ambientalistas, las
comunidades nativas del Datem del Marañón y del distrito de Andoas que han
experimentado la contaminación de los ríos, lagos y lagunas, con una
depredación del medio ambiente donde el principal responsable es la inopia,
complacencia e incapacidad del Estado representado por PerúPetro, a pesar de
los importantes recursos transferidos por Pluspetrol Norte S.A por medio de las
regalías y el impuesto a la renta abonados al fisco.
Se debe tener presente que dicho lote está ubicado en la
selva nororiental (Andoas, provincia Datem del Marañón) colindante con el
Ecuador y que se encuentra en producción desde los años 70 del siglo pasado
primero bajo responsabilidad de la Occidental PetroleumCompany (OXY), y a
partir del 2001 por la petrolera argentina Pluspetrol que se convertiría
después en Pluspetrol Norte S.A. incorporando socios chinos y coreanos con la
venta de participaciones en el capital social.
Es más, con la producción conjunta del lote 8
(Trompeteros) y 1-AB Pluspetrol Norte S.A. se constituye en el principal
productor de crudo básicamente pesado que se tiene que exportar por la
inviabilidad técnica de nuestras refinerías para procesar dicho hidrocarburo.
El lote 1-AB ahora lote 192 tiene importantes reservas
probadas, probables y posibles que lo hacen atractivo para sus actuales
operadores y otras empresas interesadas, más su ubicación estratégica cercana a
los lotes 64, 67, 39 y otros lo convierten en un centro gracias a la
infraestructura que en algún momento debió pertenecer al Estado es decir a
PetroPerú.
LOS HISTÓRICOS PASIVOS AMBIENTALES
Si bien Perúpetro es el organismo estatal responsable de
la promoción de la inversión en el sector y de supervisar los contratos de hidrocarburos,
y espera realizar una licitación internacional donde supuestamente habrían
varios interesados, entre ellos los actuales contratistas de Pluspetrol Norte.
Sin embargo, la pregunta central en esta coyuntura crítica es la solución a los
pasivos ambientales heredados de las operaciones de la OXY desde 1973 hasta el
2000 y a partir del 2001 bajo responsabilidad de Pluspetrol Norte S.A.
Según el mismo Presidente de PerúPetro, Ing. Luis Ortigas
reconoce en declaraciones periodísticas la inopia e incompetencia de organismo
público en la regulación ambiental pues él mismo señala: “En los contratos
vamos a poner algo que hasta ahora no se estipulaba, que es que en la garantía
corporativa se debe garantizar también la ejecución del saneamiento de impactos
ambientales". Esto es importante, por que eso antes no estaba garantizado.
Ello se va a introducir en los nuevos contratos que se
firmen a futuro, y en el contrato que se firme con el próximo concesionario del
lote 192 (Diario Gestión 4/3/15)
En verdad extraña la tardanza por algo que se debió hacer
tiempo atrás. Al respecto se debe recordar las protestas sociales y las tomas
de los pozos de Andoas por los nativos en el 2009 por la grave contaminación
por las operaciones del lote 1-AB.
Según declaraciones de la empresa para poder extraer 3
barriles, dada la naturaleza del crudo pesado, se hacía necesaria la inyección
de 97 barriles de aguas tóxicas con químicos que una vez obtenido el crudo eran
vertidas al medio ambiente contaminando ríos, lagos y lagunas emprobreciendo a
la madre naturaleza. Por ello, el gobierno de ese entonces por la presión de
las comunidades nativas se comprometió a la Pluspetrol a la reinyección de las
aguas tóxicas cuestión que se práctica desde el 2010.
Si de verdad se pretende fortalecer a la petrolera
estatal PetroPerú S.A. esta debiera tener participación en las operaciones del
lote 1-AB ahora denominado lote 192, para alcanzar la integración vertical, que
se constituye en la forma técnica y eficiente de operar en el sector de
hidrocarburos, lo que permite captar la renta petrolera, así los precios estén
sobre los US $ 50 dólares al barril.
Siempre hemos abogado por la transferencia del 100 por
ciento de los derechos y obligaciones del lote 1-AB hacia PetroPerú en razón de
la rentabilidad del negocio, las reservas y el potencial de hidrocarburos que
encierra y la importancia geoestratégica del lote. En todo caso una
participación minoritaria del 49 por ciento en la producción de dicho lote
sería importante en función del proyecto de modernización de la refinería de
Talara que podría procesar crudo pesados, lo cual agrega más valor a las operaciones
productivas del lote 192.
El cuadro “Pluspetrol Norte S.A.: Ingresos Totales de la
Empresa y Pagos de Regalías” expone los ingresos obtenidos desde el 2001 al
2014 que tienen una tendencia creciente desde el 2002 gracias al aumento de los
precios internacionales del crudo y a pesar a la disminución de la produccíón
que se inició bordeando los 40 mil barriles en el 2001 para reducirse a menos
de 15 mil barriles a la fecha.
Con el cambio en la naturaleza del contrato Pluspetrol
abona una tasa de regalías del 30 por ciento y ello ha permitido que desde el
2001 al 2014 por las operaciones del lote 1-AB se pague por concepto de
regalías más de US$ 1,933 millones de dólares y en el lote 8 un promedio de US$
1,055 millones.
Es decir, entre el 2001 al 2014 el Estado a través de
PerúPetro ha captado un valor equivalente por regalías de US$ 2,989 millones de
dólares según se puede observar en el cuadro respectivo. Con esos montos
hubiese sido posible financiar un fondo contingente para la remediación
ambiental conjuntamente con la garantía corportiva que hoy tardíamente se
piensa imponer en los nuevos contratos, cuando los pasivos ambientales son una
descarnada realidad.
En verdad, si reconocemos que el objetivo empresarial es
la maximización de beneficios es rol del Estado regular con eficiencia, transparencia
y justicia las operaciones en salvaguarda del medio ambiente y del futuro de
generaciones de peruanos de la Amazonía.
