Fuente: Prensa latina
La preocupación del presidente peruano, Ollanta Humala, por un juicio a 53 indígenas amazónicos por una matanza registrada hace cinco años durante una protesta nativa, refuerza hoy la posición de líderes originarios y activistas humanitarios.
El jefe de Estado trató el tema en una larga entrevista televisada anoche y cuestionó el pedido del fiscal de cadena perpetua para nueve dirigentes nativos, sin que hayan sido incluidos en el juicio quienes tienen responsabilidad política por la tragedia registrada el 5 de junio de 2009.
Aludió así al gobierno de entonces, del presidente Alan García, cuya presencia como testigo descartó el tribunal, al igual que las de quienes fueran primer ministro, Yehude Simon; y titular del Interior, Mercedes Cabanillas, esta última señalada como responsable principal por un informe congresional minoritario.
"Espero que la pita no se rompa por el lado más débil", añadió Humala en el breve comentario que coincide con las preocupaciones de juristas, defensores de derechos humanos y de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).
Para los demás acusados por los sucesos ocurridos cerca de la ciudad noramazónica de Bagua, la acusación solicita penas de ocho a 35 años de prisión, por la muerte de 13 policías en los sucesos que dejaron un saldo de 10 civiles.
Las muertes fueron consecuencia de un enfrentamiento desatado cuando los uniformados lanzaron una operación de desalojo de un bloqueo vial ordenado por el gobierno de entonces, del neoliberal Alan García.
En la misma jornada nativos de la aguerrida etnia Awajún dieron muerte a 10 policías que tenían cercados como virtuales rehenes en la cercana estación de un oleoducto.
La investigación parlamentaria realizada entonces estableció que la operación de desalojo fue lanzada pese a que los nativos awajún notificaron a las autoridades lugareñas que habían decidido abandonar el bloqueo de inmediato y continuar sus protestas con otras modalidades.
El cierre vial era parte de una larga protesta de originarios amazónicos contra normas que afectaban sus territorios y en demanda de una ley de consulta previa a las comunidades sobre proyectos económicos en sus tierras, reclamos posteriormente concedidos.
La central indígena Aidesep, organizaciones de derechos humanos y familiares de los policías caídos, así como del oficial Felipe Bazán, desaparecido durante el enfrentamiento, han anunciado una concentración para demandar sanción a los gobernantes de la época a los que consideran responsables de lo sucedido.
El parlamentario Javier Velásquez, del Partido Aprista, de Alan García, rechazó el comentario de Humala, alegando que las responsabilidades políticas por los sucesos de Bagua fueron saldadas con la renuncia de varios de los ministros de entonces, y lanzó otros ataques contra el mandatario.
