Por Virginia Scardamaglia*, 7 de octubre de 2015 © Ambiente y Comercio.
La mayoría de los países latinoamericanos han presentado recientemente sus planes de reducción de emisiones al año 2030, mejor conocidas como “INDCs” (Contribuciones Previstas y Determinadas Nacionalmente). Brasil y Costa Rica se ubicaron entre los países más ambiciosos de la región, el primero por proponer una curva de emisiones descendente en un escenario de crecimiento económico, y el segundo por proponer una trayectoria de carbono neutralidad al año 2021. Otros, como México, Chile y Argentina, proponen suavizar las curvas de crecimiento de emisiones, al tiempo que Venezuela y Bolivia no han presentado sus contribuciones a la fecha.
Semejanzas y diferencias respecto de las reducciones de GEI
Las presentaciones, que las Partes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) debían presentar antes del 1 de octubre, presentan semejanzas, pero a la vez diferencias, tanto en las reducciones comprometidas, como en los años base tomados para su cálculo. Muchos de los países han presentado metas incondicionales y metas condicionales, más ambiciosas, dependientes de financiamiento internacional, tecnología y creación de capacidades. Un dato a tener en cuenta es que el rango de mayor a menor ambición va desde una reducción absoluta sobre los niveles de un determinado año, como en el caso de Brasil, a una reduccion relativa sobre las proyecciones de emisiones esperadas en el futuro o Business as Usual (BAU), lo que significa que las emisiones seguirán creciendo. Casos como el de Ecuador son más difíciles de analizar en términos de ambición, ya que se comprometieron a una serie de acciones en distintos sectores.
Argentina, que se encuentra entre los tres mayores emisiones de la región junto a Brasil y México, propuso una meta incondicional de reducción de sus emisiones de Gases de Efectivo Invernadero (GEI) del 15% en el año 2030 con respecto a las emisiones proyectadas en su BAU, y una meta condicional de 30% respecto del BAU, supeditada a financiamiento internacional adecuado y predecible; apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías; y apoyo a la creación de capacidades. Entre los más tímidos se encuentran también Paraguay, que se comprometió a una reducción del 10% sobre los niveles de BAU para 2030, con la posibilidad de aumentar la reducción hasta 20% con apoyo internacional. Guatemala y Honduras también presentaron reducciones respecto del BAU para 2030. Guatemala propuso un 11,2% incondicional, con la posibilidad de aumentarlo a 22,6 con apoyo, mientras Honduras presentó solamente una meta condicional del 15% sobre el BAU para 2030.
Las INDCs de Perú y Colombia fueron un poco más ambiciosas y contemplan una reducción incondicional del 20% respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el año 2030, como parte de un escenario Business as Usual (BAU), y un 10% adicional con apoyo. En tanto México, que fue uno de los primeros a nivel mundial en presentar su contribución, se comprometió incondicionalmente a 25% de reducción respecto del BAU para 2030 y hasta un 40% condicionado a un acuerdo global que incluya temas como el precio internacional del carbono, ajustes en frontera, cooperación técnica, financiamiento y transferencia de tecnología.
Las INDCs de los países latinoamericanos también presentaron otros esquemas, como reducciones de emisiones por unidad de PBI, en el caso de Chile, reducciones absolutas tomando un año base (Brasil), la enumeración de una serie de acciones en diversos sectores (Ecuador) y la reducción de intensidad de GEI por sectores (Uruguay).
Brasil, el mayor emisor de la región, fue el más ambicioso al proponer una meta incondicional de reducción absoluta de sus emisiones en un 37% sobre los niveles de 2005 para 2025, y en un 43%, también sobre los niveles de 2005, para 2030. Costa Rica, también entre los líderes en términos de compromisos, propuso alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021 así como una meta incondicional de reducción de emisiones de 44%, comparado con un escenario BAU, lo que representa una reducción de emisiones de 25% contrapuesto con las emisiones de 2012.
En el caso de Chile, su compromiso incondicional incluye una reducción de emisiones por unidad de PBI en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, y un compromiso condicional a aportes monetarios internacionales de reducción entre 35% y 45% por unidad de PBI con respecto al nivel alcanzado en 2007. Chile presenta asimismo una meta específica para el sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS).
Por último, Ecuador ha enumerando una serie de acciones en diversos sectores, y Uruguay presentó metas de reducción de intensidad de emisiones por sectores. En el caso de Ecuador, se ha comprometido, entre otras acciones, a reducir sus emisiones en el sector energía en un 20,4 a 25% en relación al escenario BAU, lo que se traducirá en que las emisiones por habitante en 2025 sean 40% menores a un escenario sin la implicación de estas medidas. Sin embargo, se ha calculado también un potencial de reducción adicional de emisiones en el sector energía de un 37,5 a 45,8% con respecto al BAU frente a las circunstancias apropiadas en términos de disponibilidad de recursos y apoyo ofrecido por la comunidad internacional. Asimismo, mediante el Programa Nacional de Restauración Forestal, se prevé restaurar 500.000 hectáreas adicionales hasta el 2017 e incrementar este valor en 100.000 hectáreas por año hasta el 2025.
Uruguay, por su parte, ha presentado sus reducciones por gas y por sector. Tomaremos sólo algunos como ejemplo:
- C02, Sector de energía: reducción de intensidad de emisiones de 25% respecto del PBI (incondicional), y de 40% sujeta a medios de implementación adicionales (condicional).
- CH4, Producción de carne vacuna: Reducir 33% la intensidad de emisiones respecto del kg de carne (incondicional), y del 46% sujeta a medios de implementación adicionales (condicional).
- CH4, desechos: Reducir 44% la intensidad de emisiones respecto del PBI (incondicional), y de 68% sujeta a medios de implementación adicionales (condicional).
La inclusión de la adaptación en las INDC
Una de las coincidencias que se presentan en las INDC de los países latinoamericanos es la inclusión del tema adaptación. Ecuador, por ejemplo, se propone como meta fortalecer la capacidad adaptativa de al menos 50% de los cantones más vulnerables del territorio nacional, establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno y alcanzar una tasa cero de deforestación.
En el caso de Perú, las metas planteadas en términos de adaptación se orientan a alcanzar un gran objetivo al 2030: “El Perú se adapta a los efectos adversos y aprovecha las oportunidades que impone el cambio climático”. Bajo esta visión, se han definido alcances, objetivos y metas para cada sector/sistema. Además, se ha identificado cinco áreas transversales en las que se debe actuar para abordar la adaptación de manera eficaz: gestión del riesgo de desastres; infraestructura resiliente; enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables; enfoque de género y promoción de la inversión privada en adaptación al cambio climático.
Argentina indicó en su INDC que ha venido implementando, con medios propios, una serie de acciones en la materia. Sin perjuicio de ello y en función del apoyo que reciba en forma de financiamiento internacional, desarrollo y transferencia de tecnología y creación de capacidades, podría extender y profundizar sus acciones en adaptación entre otras en sistemas de alerta temprana; enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos; ampliación de la superficie agrícola bajo irrigación y las mejoras en la eficiencia de la gestión del recurso hídrico; entre otros.
El uso de mecanismos de mercado
Un tema importante mencionado por varios países ha sido el de la utilización de los mercados de carbono para el cumplimiento de su objetivo. Costa Rica por ejemplo se ha reservado el derecho soberano de utilizar unidades de compensación internacionales para lograr sus metas, pero haciendo hincapié en el desarrollo de un sistema para evitar la doble contabilidad en el caso de transferir unidades de compensación hacia afuera del país.
México puso como uno de los requisitos de su meta condicional, el funcionamiento de mecanismos de mercado bilaterales, regionales e internacionales, y Chile no descarta participar de estos mecanismos.
Brasil también se reservó el posible uso de mecanismos de mercado, aunque con algunas condiciones previas: en primer lugar, toda transferencia de unidades derivadas de los resultados de mitigación logrados en el territorio brasileño estará sujeto al consentimiento previo y formal por parte del Gobierno Federal. En segundo lugar, Brasil indicó que no reconocerá el uso por otras Partes de las unidades derivadas de los resultados de mitigación realizados en el territorio nacional que se han adquirido a través de cualquier mecanismo, instrumento o acuerdo establecido fuera de la Convención, su Protocolo de Kyoto o el acuerdo de París.
Para una infografía de las INDC presentadas por los países de América Latina preparada por Conexión COP, haga click aquí.
Para acceder a todas las INDC presentadas por las Partes, haga click aquí.
* Virginia Scardamaglia es Supervisora de las Prácticas Profesionales en la Especialización en Derecho y Economía de Cambio Climático de FLACSO-Argentina. Ha cursado la Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales de FLACSO-Universidad de San Andrés-Universidad de Barcelona y ha escrito su tesis sobre el rol de los gobiernos subnacionales en las negociaciones de cambio climático.
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