Fuente: laprimera
El Ejecutivo presentó el 19 de junio al Congreso de la República, el Proyecto de Ley N° 03627/2013-PE, que establece un conjunto de medidas de promoción de la inversión, algunas de ellas debilitan la normativa ambiental y disminuyen estándares ambientales logrados en el país, con el objetivo de socavar la institucionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM).
El proyecto debilita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) proponiendo que por tres años tenga un rol más preventivo y correctivo de conductas infractoras siendo las sanciones solo excepcionales, dejándolo sin una de sus principales funciones. Asimismo, se propone que la aprobación de Zonas Reservadas tenga trámites burocráticos adicionales como la dación por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, quitándole la potestad al MINAM sobre la decisión técnica para que analice y apruebe estas áreas de categoría transitoria. Además, el proyecto señala que ni el Ordenamiento Territorial ni la Zonificación Económico-Ecológica asignarían usos ni exclusiones de uso, frenando las iniciativas nacionales y locales para un ordenamiento participativo y sostenible.
También, plantea un máximo de 30 días hábiles para dar opiniones previas en los Estudio de Impacto Ambiental bajo amenaza de sanción al funcionario que no lo cumpla, sin considerar el fortalecimiento previo de capacidad de gestión al SERNANP, ANA, MINCU, así como al MINEM. Igualmente preocupa que la aprobación de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) se basen en decisiones políticas y económicas, restando su carácter técnico que prioricen salud y ambiente.
Las presiones del Ejecutivo y el MEF por convertir al MINAM en una autoridad fantasma, socavará iniciativas como el funcionamiento del SENACE. Así, dicho proyecto se basa en una política retrógrada que debilita las instituciones ambientales, obedeciendo a demandas y presiones del sector empresarial, por ello al aprobarse este proyecto se vulneraría nuestro derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, y a contar con una autoridad ambiental fuerte que represente a todos los peruanos.
