En la mañana de ayer la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó la iniciativa del proyecto de ley (3941) que promociona la inversión privada en comunidades nativas y campesinas, planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con un quórum de solo 6 de 12 miembros.
Ante lo cual la congresista Verónica Mendoza explicó que con el "cuarto paquetazo antiambiental" está en riesgo el derecho de nativos y campesinos a la posesión de sus tierras, al promover el otorgamiento de manera indiscriminada de derechos de servidumbre o derecho de vía de terrenos eriazos al sector empresarial. Es decir, puede entregar a una empresa privada la potestad de usar un predio e impedir que su propietario ejerza su derecho. Hay que precisar que la comisión no tomó en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una carta entregada el 30 de marzo pasado.
Un tema más en cuestión es que los indígenas como directos afectados nunca fueron consultados acerca del contenido de la norma como dispone la Ley de Consulta Previa y el Convenio 169 de la OIT.
A lo que el MEF refiere el impulso de esta la ley para promover inversiones y así superar el frenazo que ha sufrido la economía peruana. Al respecto, el congresista Rubén Coa -quien votó a favor de la iniciativa- negó que no se haya recibido opiniones de los líderes indígenas. Hubo debate con bastante amplitud, dijo.
Estas y más controversias debido a la aprobación ha obligado a un grupo de dirigentes indígenas había llegado ayer a Palacio Legislativo para exponer los argumentos de su pedido de archivamiento de la norma. Pese a que en la anterior sesión hubo acuerdo de otorgarles un tiempo para que hagan su exposición, ayer los nacionalistas acordaron dejar sin efecto ese acuerdo.
Fuente: Diario La Republica
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